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ESPECIAL LEY DE EXTRANJERÍA - El nuevo texto de la Ley de Extranjería
La nueva reforma de la legislación de extranjería en España llega con numerosas novedades como la apuesta por la integración y el refuerzo de la coordinación de las Administraciones Públicas.
Respaldada por el Parlamento el pasado noviembre, la nueva Ley es calificada como buena por Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, “porque corrige elementos que discriminaban”; además, "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada" potenciando los elementos integradores.
El titular de Trabajo e Inmigración asegura que España cuenta con dos retos: por una parte, apostar por una inmigración legal; por otra, favorecer “decididamente” un proyecto de integración que permita construir una sociedad “rica y plural”.
En este contexto, nace el nuevo contenido de la Ley de Extranjería, publicada el 11 de diciembre de 2009, que trata de construir un modelo de convivencia e integración, apostando por la garantía de los derechos de los inmigrantes. Así, la reforma trae consigo, entre otras disposiciones, la protección a mujeres extranjeras maltratadas, la posibilidad de tutela de los menos no acompañados asumida por ONG y entidades privadas o la concesión de permisos iniciales de trabajo y de residencia adscrita a un territorio determinado.
Otras cuestiones, como la ampliación del plazo máximo de internamiento de cuarenta a sesenta días o la restricción de la reagrupación familiar, han sido motivo de distintas críticas. Sin embargo, Corbacho asevera que “la ley está hecha para el futuro” y que “cuando España necesite inmigración, esperemos que cuanto antes mejor, requerirá de unos mecanismos de ordenación para que no se repita el fenómeno que se dio en el año 2000, marcado por una afluencia masiva sin control. Eso no es bueno ni para el que viene ni para el país”
La reforma supone el cuarto cambio en la Ley de Extranjería desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una primera modificación vino por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre; una segunda llegó con la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre; la última alteración se produjo con la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre.
De esta forma, el nuevo proyecto de Ley surge ante la necesidad de reformar la anterior y aplicar las directivas europeas; ahora bien, también nace con motivo de una nueva realidad que exige adaptar la normativa reguladora en busca de soluciones efectivas a los retos planteados por el fenómeno de la inmigración. Por ello, la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, destaca como principales objetivos del nuevo texto ““la integración social, pero también perfeccionar la regulación de los flujos migratorios, reformar los mecanismos de vigilancia y control para luchar contra la inmigración irregular y una apuesta clara por la cooperación entre las administraciones que intervienen en la gestión de la inmigración”.
La importancia de la integración
El refuerzo del proceso integrador se alza como uno de los temas centrales de la política de inmigración que cuenta, además, con el apoyo e interés de la Unión Europea en materia migratoria y protección internacional. Se trata, sin duda, de una apuesta clara por alcanzar un marco de convivencia de identidades y culturas.
Dicha expectativa dirige la norma que menciona la promoción por parte de los poderes públicos de la plena integración de extranjeros en la sociedad española, señalando como límite el respeto a la Constitución y a la ley.
Así, se prevé que las administraciones públicas promoverán la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes en condiciones de igualdad de trato y bajo los términos legales establecidos. Asimismo, se procurará, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatuarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como los derechos humanos, las libertades y la democracia.
En esta manera, la normativa considera de gran relevancia el acceso al sistema educativo, el aprendizaje de las lenguas oficiales y la oferta de las mismas oportunidad de formación a extranjeros y españoles; algo que toma un especial sentido al tener en cuenta las dificultades que atravesamos. Según Rumí, "Los inmigrantes fueron una mano de obra necesaria hace años y contribuyeron al ascenso de nuestra economía. En época de crisis es cuando un pueblo debe mostrar su calidad moral". Se espera conseguir así que los inmigrantes formen parte de la recuperación económica realizando programas formativos que posibiliten su reincorporación al mercado laboral.
Para acceder a la información completa es necesario estar registrado.
Consulte el texto completo de la Ley de Extranjería en el Boletín Oficial del Estado (Pdf).
Esta información puede utilizarse libremente siempre que se cite su fuente.
Respaldada por el Parlamento el pasado noviembre, la nueva Ley es calificada como buena por Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, “porque corrige elementos que discriminaban”; además, "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada" potenciando los elementos integradores.
El titular de Trabajo e Inmigración asegura que España cuenta con dos retos: por una parte, apostar por una inmigración legal; por otra, favorecer “decididamente” un proyecto de integración que permita construir una sociedad “rica y plural”.En este contexto, nace el nuevo contenido de la Ley de Extranjería, publicada el 11 de diciembre de 2009, que trata de construir un modelo de convivencia e integración, apostando por la garantía de los derechos de los inmigrantes. Así, la reforma trae consigo, entre otras disposiciones, la protección a mujeres extranjeras maltratadas, la posibilidad de tutela de los menos no acompañados asumida por ONG y entidades privadas o la concesión de permisos iniciales de trabajo y de residencia adscrita a un territorio determinado.
Otras cuestiones, como la ampliación del plazo máximo de internamiento de cuarenta a sesenta días o la restricción de la reagrupación familiar, han sido motivo de distintas críticas. Sin embargo, Corbacho asevera que “la ley está hecha para el futuro” y que “cuando España necesite inmigración, esperemos que cuanto antes mejor, requerirá de unos mecanismos de ordenación para que no se repita el fenómeno que se dio en el año 2000, marcado por una afluencia masiva sin control. Eso no es bueno ni para el que viene ni para el país”
La reforma supone el cuarto cambio en la Ley de Extranjería desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una primera modificación vino por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre; una segunda llegó con la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre; la última alteración se produjo con la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre.
De esta forma, el nuevo proyecto de Ley surge ante la necesidad de reformar la anterior y aplicar las directivas europeas; ahora bien, también nace con motivo de una nueva realidad que exige adaptar la normativa reguladora en busca de soluciones efectivas a los retos planteados por el fenómeno de la inmigración. Por ello, la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, destaca como principales objetivos del nuevo texto ““la integración social, pero también perfeccionar la regulación de los flujos migratorios, reformar los mecanismos de vigilancia y control para luchar contra la inmigración irregular y una apuesta clara por la cooperación entre las administraciones que intervienen en la gestión de la inmigración”.
La importancia de la integración
El refuerzo del proceso integrador se alza como uno de los temas centrales de la política de inmigración que cuenta, además, con el apoyo e interés de la Unión Europea en materia migratoria y protección internacional. Se trata, sin duda, de una apuesta clara por alcanzar un marco de convivencia de identidades y culturas.
Dicha expectativa dirige la norma que menciona la promoción por parte de los poderes públicos de la plena integración de extranjeros en la sociedad española, señalando como límite el respeto a la Constitución y a la ley.
Así, se prevé que las administraciones públicas promoverán la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes en condiciones de igualdad de trato y bajo los términos legales establecidos. Asimismo, se procurará, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatuarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como los derechos humanos, las libertades y la democracia.
En esta manera, la normativa considera de gran relevancia el acceso al sistema educativo, el aprendizaje de las lenguas oficiales y la oferta de las mismas oportunidad de formación a extranjeros y españoles; algo que toma un especial sentido al tener en cuenta las dificultades que atravesamos. Según Rumí, "Los inmigrantes fueron una mano de obra necesaria hace años y contribuyeron al ascenso de nuestra economía. En época de crisis es cuando un pueblo debe mostrar su calidad moral". Se espera conseguir así que los inmigrantes formen parte de la recuperación económica realizando programas formativos que posibiliten su reincorporación al mercado laboral.
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